FISCAL INSTRUCTOR


Para que el Fiscal asumiera la instrucción, habría que realizar cambios en su estatuto jurídico. 

Los fiscales se rigen por los principios fijados por la constitución: legalidad, imparcialidad, dependencia y jerarquía.

Un Fiscal Instructor debería, obviamente, seguir los principios de imparcialidad y legalidad. Pero no los de dependencia y jerarquía. Dicho en palabras llanas: no debería seguir las órdenes de su superior jerárquico. Debería tener autonomía en sus decisiones. Y eso se conseguiría con un fiscal instructor que actuase con independencia. Para conseguir una actuación armonizada, debería crearse un sistema de recursos contra las decisiones del Fiscal Instructor que los resolvería el superior.

Conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, el Fiscal Instructor no debería limitarse a recoger sólo elementos para sustentar la acusación, sino para averiguar la verdad material. Es decir, recopilaría tanto lo que favorece al investigado como lo que le pudiera perjudicar. Sólo así podría tomar una decisión conforme a la legalidad de manera imparcial.

Al recoger el Fiscal Instructor de manera autónoma todos los elementos de la instrucción, sería más lógico que la función de acusar se realizara por otro Fiscal distinto, para mayor garantía.

Habría así un Fiscal Instructor, independiente e imparcial, que instruiría, siendo sus resoluciones recurribles ante un superior.

De otra parte tendríamos un Fiscal Acusador.

Al segundo, al Fiscal Acusador, lo podríamos llamar Fiscal a secas. Y al primero, para distinguirlo del segundo, lo podríamos llamar Juez de Instrucción.