Renuncia al abogado para suspender el juicio como fraude de ley

Cualquiera que tenga experiencia en la práctica forense lo ha presenciado en alguna ocasión. En un juicio penal, al inicio, el abogado del acusado dice que su cliente no quiere que le defienda. En esas circunstancias pide ser relevado de su obligación y que el juicio se suspenda. Murmullo en la sala, protestas del fiscal y del letrado contrario, contrariedad del juez. Éste pregunta al acusado si es cierto y éste dice que sí, que quiere otro abogado.

En estos casos se trata de un abogado de oficio, no de pago. El magistrado, visiblemente contrariado, se dirige al abogado que pide la suspensión y éste se ratifica. "Mi defendido dice que quiere otro letrado y en estas condiciones no puedo defenderle". El juez, al que no le queda más remedio, suspende la vista y señala nuevo día de juicio, con nombramiento de nuevo letrado.

El trabajo realizado por el juzgado, el fiscal, los abogados, los testigos que se han desplazado pidiendo permiso en el trabajo... para nada.

Sin embargo, la suspensión del juicio en estos casos no debe realizarse de manera automática.

Efectivamente, el acusado tiene derecho a designar abogado de su confianza y a cambiar de letrado, incluso al inicio del juicio. Pero en aquellos casos en los que no se alega una mínima base razonable y además no se solicita antes, sino directamente al inicio del juicio provocando la suspensión, se está realizando una actuación abusiva.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (vid. la STS de 3 de enero de 2014) considera que se trata de un abuso del derecho.

Me parece correcta la doctrina del Tribunal Supremo, aunque personalmente considero que se trata de un fraude de ley: "Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir (art. 6.4 del Código civil).

El acusado, basándose en su derecho a cambiar de letrado, alega ese derecho como norma de cobertura para conseguir la finalidad prohibida, como es la suspensión de un juicio sin causa justificada. Como fraude de ley no debe permitirse, acordándose la continuación del juicio con el mismo letrado.