STS 777/2013: Legalidad como prueba penal de ADN obtenido sin autorización judicial ni permiso del titular

En la Sentencia del Tribunal Supremo de siete de octubre de dos mil trece se da valor probatorio a la prueba de ADN a pesar de que la recogida de la muestra se había realizado sin autorización judicial ni permiso del titular. 

En dicha resolución se expone que "la obtención de la colilla es por sí misma una diligencia inocua que no afecta a derecho fundamental alguno. Lo que incide en derechos fundamentales sería una intervención corporal (que aquí no se ha producido); y, en su caso, la obtención de los marcadores de ADN (...) la Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial".

En relación a la prueba del ADN "que ese análisis de la muestra biológica afecta a la intimidad no puede suscitar dudas, aunque se limite a los datos meramente identificadores. Si las suscitase quedan disipadas con la lectura de algunos pasajes de la STEDH 2008/104 (...) ¿Es necesario que toda medida que afecte o pueda afectar a un derecho fundamental sea siempre acordada por un Juez? (...) Hay casos en que puede hacerlo la Policía Judicial de propia autoridad".  Se ponen numerosos ejemplos: si concurre un consentimiento libre o en algunos casos, incluso coactivamente: cacheos externos, detención policial, toma de huellas dactilares.

 "Por eso la constatación de la incidencia de la medida -análisis químico- en la intimidad no comporta automáticamente previa habilitación judicial inexcusable (...) Cosa diferente es que sea exigencia inherente a la medida aquí examinada que el análisis se ciña a lo indispensable a efectos de investigación -perfil genético, ADN no codificante o, mejor, meramente identificador-. Excesos posteriores o usos espurios o desviados de esa finalidad no evaporan la legitimidad del análisis aunque pueden hacer conveniente o aconsejable que el legislador establezca garantías, incluida una eventual intervención jurisdiccional".

"La referencia del artículo 363.2 al principio de proporcionalidad permite inferir que la información a obtener mediante el ADN ha de ser exclusivamente la destinada a la identificación, es decir, la denominada "huella genética" -que puede corresponderse con el análisis de unos marcadores neutrales dentro del ADN- y no la obtención de todo el "mapa genético". Éste proporcionaría datos de extrema sensibilidad que no coadyuvan a los fines del proceso penal y que obviamente afectan a la esfera de la intimidad".

En definitiva, se considera válido el análisis de ADN sin autorización judicial ni del imputado, siempre que la prueba se limite a la identificación genética de la persona, no la obtención de mapa genético.


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