STS 29/1/2014 Ratifica la demolición del complejo de Valdecañas

Por el TSJ, sala de lo contencioso, se declaraba nulo el Decreto de la Junta de Extremadura 55/2007, que aprobaba el Proyecto de Interés Regional consistente en la recalificación y ordenación de terrenos situados en el Embalse de Valdecañas, con destino a la construcción del "Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla de Valdecañas" y se ordenaba la reposición de los terrenos a su situación anterior.

En la sentencia del TSJ se indicaba que el proyecto que había sido presentado en la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio era para la construcción de un complejo turístico de salud, paisajístico y de servicios; a desarrollar en término municipal de El Gordo y Berrocalejo, de la provincia de Cáceres; en concreto, en una isla existente en el Pantano de Valdecañas, de una superficie de 134,5 hectáreas. La finalidad era la construcción en esa superficie de dos hoteles de 150 habitaciones; 250 bungalows, 310 viviendas unifamiliares y 5 viviendas en parcelas de 2000 metros cuadrados. Además de tales construcción se instalarían equipamientos deportivos y de ocio consistente en: un campo de golf de 18 hoyos; pistas de tenis, squash, padel, piscinas, circuito de bicicletas, embarcadero, marina seca, playa artificial, pesca, campo de futbol y atletismo y pistas deportivas. El complejo requería una infraestructura de una red viaria de carretera de acceso de 1800 metros; planta de abastecimiento y potabilización de aguas, saneamiento y sistema de tratamiento de aguas residuales; electrificación y subestación, instalación y suministro de gas centralizado y dique para formación de playa artificial. Añadamos que los mencionados terrenos estaban integrados en la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) ES0000329, denominada "Embalse de Valdecañas", así como en una masa de agua declarada de Lugar de Importancia Comunitaria .

La STS 29-1-2014 resume las razones de la sentencia estimatoria del TSJ Extremadura en los siguientes términos:

1ª.- Falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y de la protección medioambiental. El proyecto impugnado adolece de una justificación de las razones que aconsejan ejecutarlo precisamente en esos terrenos y no en otros de los existentes en el ámbito territorial al que se dice querer beneficiar, máxime cuando se escogen unos terrenos de una protección medioambiental extrema, sin conocerse si era admisible la ubicación del proyecto en otros terrenos con menor protección, o incluso sin protección alguna, que existieran en la comarca a la que se dice querer beneficiar. Tampoco se justifica el cumplimiento de los estándares urbanísticos establecidos en la legislación autonómica.

2ª.- La reclasificación del suelo no urbanizable de especial protección a urbanizable a efectos de su transformación incumple prohibición legal expresa al efecto . No es una facultad del planificador -de cualquier naturaleza- la reclasificación del suelo no urbanizable de especial protección para pasarlo a urbanizable a efectos de su transformación; y esto es justamente lo que hace el Proyecto de Interés Regional aprobado en el Decreto que se recurre, en contra de la prohibición que impone el artículo 9 de la 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones, estando por ello el Decreto impugnado viciado de nulidad.

3ª.- El estudio de impacto ambiental incurre en causa de nulidad al no existir un estudio de alternativas que permitan un contraste entre la solución adoptada y aquellas que pudieran ser menos trascendentes para la protección de los espacios en que se ubica el proyecto. Aunque en el ámbito de la Directiva de Hábitats la exigencia del estudio de alternativas solo opera para los proyectos de conclusiones negativas (apartado 4º del artículo 6) y no para los que no ocasionaren perjuicios (párrafo 3º del mismo artículo), según ha declarado la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de marzo de 2010, esa limitación no existe en la normativa interna española, que impone preceptivamente el estudio de alternativas que se echa de menos en el caso de autos. "(...) Y esa omisión -añade la sentencia- ha de vincularse a lo que antes se dijo en relación con las exigencias de índole urbanísticas del Proyecto; todo lo cual lleva a la conclusión de la nulidad del Decreto y del Proyecto de Interés Regional que en él se aprueba; debiendo reponerse los terrenos a su situación anterior a las obras que en el dicho Proyecto se autorizan".

Tras desestimar los motivos alegados por los recurrentes, el TS ratifica la sentencia recurrida.